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Cuando los intereses políticos son distintos a los del pueblo

Unos días atrás del inicio del juicio que conmocionó la realidad política del país,  en un diario conocido se publicó entre tantas otras, una columna de opinión referente al procedimiento que era de conocimiento público. Ciertamente, el debate público acerca del juicio político se limita a un cierto sector que se encuentra activamente involucrado en la opinión política y uno que otro experto legal, pero desde la perspectiva de este columnista no se tenía que ser un experto para que llegue afirmar que: A más de la mitad de ecuatorianos los tenía sin cuidado dicho procedimiento de juicio político. Al fin y al cabo, dicho criterio no me pareció tan desacertado. 

Es cierto reconocer que en la última semana lo que ocurría dentro del legislativo fue el foco de atención de todos los ecuatorianos y posteriormente incrementaron las dudas sobre el panorama político de los meses venideros. Sin embargo, esa mitad más de ecuatorianos, era consciente desde el inicio que un juicio político no iba a resolver las tantas problemáticas que acechan a nuestra realidad, realidad que ciertos sectores experimentan con mayor intensidad; que diferente a lo que decían otros expertos, el desinterés de la población en involucrarse en dicho proceso, más allá de responder a la falta de conciencia política que si bien caracteriza a gran parte de los votantes, fue más bien un resultado del abandono de nuestra clase política a las necesidades reales del pueblo en el transcurso del mandato actual. 

Es evidente, que el legislativo en su afán de cumplir agendas partidistas, destinó grandes esfuerzos en llevar a cabo un juicio político que, independientemente de posturas individuales , demostró inconsistencias a lo largo del proceso y se destacó el día del juicio, el nivel representativo que ocupaba el órgano legislativo hasta hace una semana. Las acusaciones se dieron desde un sesgo de interés y doble moral, en vez de mostrar una verdadera intención de esclarecer la verdad y preocupación por el país. 

La democracia no es solo un concepto en papel y mucho menos que podemos maquillar armando todo un escenario bajo la etiqueta de ser un mecanismo democrático. Igualmente, la disolución de la Asamblea, si bien tiene plena validez jurídica en un régimen como el nuestro, no es indicativo de que la democracia haya triunfado. El desenlace político que tuvo el proceso iniciado dentro de la Asamblea, si bien fue una medida reclamada por gran parte de los ecuatorianos y con razón de haber sido ejecutada, pone en manifiesto el ambiente de extrema inestabilidad que el Ecuador vive en estos momentos y de un modelo obsoleto.

Este juicio es la evidencia que el concepto de democracia que maneja la clase política ecuatoriana está lejos de ser una casta que vela por las necesidades reales, y este es un patrón que se ha reproducido en otros países de la región. Las pugnas de poder y el desconocimiento de su labor de gobernar por parte del Ejecutivo debilitó aún más la institucionalidad. Más bien, este proceso alimentaba una sed de poder partidista en la toma del poder político.

El desinterés popular a lo largo del proceso y el clamor por que se de la “muerte cruzada” era el hartazgo de la población y la desconfianza al actual mandato. Ahora quedó abierta una puerta que nos lleva a prepararnos al inicio de otra etapa política que puede ser la continuidad de lo que ya ha sido iniciado, o el cambio de mando a figuras que logren renovar nuestro concepto caduco de representación política.

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