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Delincuencia juvenil: Las nuevas fichas del tablero de la violencia

Las crisis económicas y sociales que afectan a muchos países -incluyendo Ecuador-, no solo impactan en la economía y el bienestar de los adultos; sino también en la vida de los niños, niñas y adolescentes. A menudo, los más vulnerables y desfavorecidos son los primeros en sufrir las consecuencias de la pobreza y la falta de recursos, lo que puede llevarlos a abandonar sus procesos de escolarización y a verse involucrados en negocios con bandas criminales y el narcotráfico.

En Ecuador, la situación es preocupante. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) el 32% de los niños y niñas menores de 5 años viven en situación de pobreza. Esto se traduce en que muchos de ellos no tienen acceso a una educación de calidad, ni a servicios de salud adecuados, lo que afecta su desarrollo físico y cognitivo.

A medida que los niños crecen, las cifras empeoran. Un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) revela que el 34% de los niños y niñas entre 6 y 11 años no asisten a la escuela y el 52% de los adolescentes entre 12 y 17 años no terminan la educación secundaria. Esta situación los hace más vulnerables a caer en manos de bandas criminales, que les ofrecen dinero fácil y un supuesto sentido de pertenencia.

En ese sentido, los derechos de los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos por el Estado, pero en muchos casos son violados. El derecho a la educación, a la salud, a la alimentación y a una vida digna son algunos de los derechos que se ven comprometidos cuando los jóvenes se ven envueltos en la delincuencia. Además, el Estado tiene la responsabilidad de protegerlos de la violencia y la explotación, pero en muchos casos, este deber no se cumple y cuando estos jóvenes son detenidos, también se vulnera su derecho a un proceso justo y equitativo.

Ahora bien, los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador están garantizados por la Constitución y por tratados internacionales, como la Convención Interamericana sobre los Derechos del Niño, la Declaración de los Derechos del Niño y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Sin embargo, en la práctica, estos derechos son violados constantemente. La falta de protección y la falta de oportunidades para estos jóvenes los deja vulnerables a la explotación y al abuso, lo que compromete su bienestar físico y emocional.

Para contrarrestar estos problemas es necesario que se tomen medidas integrales y que aborden no solo las causas de la delincuencia juvenil, sino también las consecuencias que tienen para los jóvenes involucrados en ella. Esto implica; por ejemplo, la implementación de políticas públicas efectivas para fomentar la educación, la formación y el empleo de los jóvenes, así como la creación de programas de rehabilitación y reinserción social.

Además, es fundamental que se aborde la problemática desde una perspectiva interagencial, que involucre a las familias y la comunidad en el proceso de prevención y atención. Es responsabilidad del Estado garantizar la protección de los derechos de los niños y adolescentes, implementando políticas efectivas que promuevan su bienestar físico, emocional y su inclusión social, pero también el deber de nuevos actores de la sociedad. Solo así podremos asegurar un futuro prometedor para las nuevas generaciones, sin normalizar la violencia porque puede convertirse en una bomba de tiempo.

Licenciada en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Comentarios
  • Michel Levi
    1 año ago

    Muy interesante publicación Valeria. Me parece que los análisis deberían hacerse con indicadores que permitan comprender la realidad de los jóvenes y su alta exposición a condiciones que pueden llevarles a situaciones de violencia. Felicitaciones por el análisis.

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