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Faltar el respeto a Guayaquil

A pesar de estar en el 2023, aún existe una gran parte de la población ecuatoriana que se pregunta por qué la comunidad LGBTQ+ sigue convocando marchas alrededor del país. Esto es debido a que no conocen el trasfondo histórico ni las demandas actuales que sostiene la comunidad hacia el gobierno. La falta de conocimiento de la sociedad guayaquileña se ve claramente evidenciada en la decisión del Municipio de Guayaquil de negar el espacio para que la marcha del orgullo se lleve a cabo en el centro de la ciudad.

En una de las últimas declaraciones del alcalde de Guayaquil sobre la polémica de trasladar la marcha del Pride del centro al Parque Samanes, menciona que “si ellos quieren venir y estar acá obviamente van a estar faltando el respeto a la autoridad y faltando el respeto a la ciudad’’. Sin embargo, es todo lo contrario, esta ciudad y el país entero se han encargado de faltarle el respeto a la comunidad LBGTQ+, a través de la vulneración sistémica de sus derechos, por mucho tiempo.

Comencemos por aclarar que la marcha del orgullo es una protesta social que busca visibilizar la presencia que tiene la comunidad LGBTQ+ en la sociedad y sus reclamos hacia el gobierno. Reclamos fundamentados en casos como los de las “terapias de conversión», puesto que en el país se siguen rescatando personas de clínicas clandestinas de “deshomosexualización”. Desde el 2013 se han identificado 268 lugares que ofrecen estas terapias, de acuerdo con la fundación Manabí Diverso.

La discriminación y comentarios homofóbicos que se evidencian en las publicaciones de la controversia también son un reflejo de la violencia que experimenta este sector de la sociedad dentro de lo  cotidiano. Esto se expone en estadísticas de estudios como el de Previmujer, donde se menciona que cuatro de cada diez estudiantes LGBTQ+ han experimentado violencia en las universidades. Aquello  tristemente es solo un ejemplo desde la superficie, muchos otros casos  incluyen violencia y despidos en los trabajos, desalojo de espacios públicos y asesinatos.

Sin duda, la parte de la comunidad más afectada por años de discriminación y rechazo social son las personas trans, que a pesar de ser una figura emblemática para la despenalización de la homosexualidad y el matrimonio igualitario en Ecuador, es uno de los grupos sociales a los que más se estigmatiza y violenta. Los números de transfemicidios en la última década son alarmantes -especialmente por su falta de visibilización-, siendo Valentina Morán el último caso en Guayaquil hace una semana. No ha existido disculpa ni intervención estatal por la constante vulneración de derechos  experimentada  día tras día, todo lo contrario. El abandono es tal, que muchas de las mujeres trans (quienes tienen los mayores índices de muertes violentas dentro de la comunidad LGBTQ+) se ven orilladas a dedicarse al trabajo sexual, puesto que carecen de las oportunidades y los recursos necesarios para sobrevivir en un sistema que las margina y retiene en el olvido. Las mujeres trans se arriesgan a que las vulneraciones de sus derechos se perpetúen, sumando ahora la extorsión por parte de redes de delincuencia organizada.

Ahora bien, ¿por qué el Municipio le está faltando el respeto a la comunidad LGBTQ+ y no ocurre al revés? Porque lo único que se consigue con no autorizar una marcha que ha tomado lugar históricamente con reclamos legítimos -bajo la absurda excusa de que “se generará gran impacto en el tránsito vehicular’’- es continuar con la narrativa violenta que silencia y desestima las demandas de una comunidad que ha sido relegada a la exclusión, persecución, y opresión. El gobierno local guayaquileño no tiene el derecho a negar la movilización de esta comunidad que se sostiene por sí sola, ya que no hay ni una sola política pública efectiva dirigida a este grupo social que evite la violencia y falta de oportunidades que padecen, lo que justamente la lleva a las calles a protestar. 

La buena noticia es que los movimientos sociales no necesitan el permiso de sus gobiernos para movilizarse y demandar la garantía de sus derechos en cualquier espacio público, la protesta es un derecho constitucional que debe ser garantizado por los gobiernos de turno. Por ende, este primero de julio vamos a estar debajo de las puertas del Municipio, exigiendo justicia y luchando contra la persecución, criminalización y precariedad que día a día experimenta la comunidad LGBTQ+. El primer día de julio salimos a las calles por aquellas personas que han decidido visibilizar su identidad, aquellas que han sido arrinconadas a vivir en un clóset y aquellas que fueron asesinadas por el odio de nuestra sociedad.

Comentarios
  • María José Torres
    10 meses ago

    ¡Paula siempre da en el clavo con sus artículos! Muchas gracias por esta nueva entrega.

  • Alejandra Pihuave
    10 meses ago

    Muy bueno! Artículos así exponen una realidad que todos deberían de reconocer y ser concientes respecto a las vivencias y desafíos de la comunidad LGBTQ+ en el país 👏

  • Mónica Nicole Véliz Feijóo
    10 meses ago

    Bien acertada la nota de opinión. Los espacios públicos tomados desde la ciudadanía para reivindicar sus derechos son parte de la participación activa de los mismos y ese derecho no se debate ni cede ante las autoridades, en particular para una comunidad estigmatizada y socialmente excluida en múltiples ámbitos como continúa siendo la comunidad LGBTQ+. Pretender que la protección de los derechos por parte de poblaciones vulnerables se dé de una forma «civilizada», sea lo que signifique eso para esta y otras administraciones locales, nacionales o de otros países solo pavimenta el paso para el corte sistemático de derechos irrenunciables e interrelacionados.

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