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Gobierno abierto, una vacuna anticorrupción

La política ecuatoriana aqueja un sin número de males y vicios. Sin embargo, la corrupción ostenta una posición especial al ser un problema que se ha intentado combatir durante décadas sin alcanzar los resultados deseados. No es solo que no se ha logrado resolver, sino que año tras año parece empeorar. El fracaso de esta lucha puede tener varias causales, pero acusar un desinterés general es un juicio injusto. Sin duda, la población ecuatoriana en su conjunto puede y tiene que aumentar su participación en la misma. No obstante, la República ha contado con valiosos hombres y mujeres que han dedicado su vida a luchar para que los recursos que todos y todas aportamos para el Estado sean utilizados de una forma eficiente, transparente y honesta. Por ello, es justo preguntarse ¿Cómo mejorar los resultados de la lucha anticorrupción?

El paradigma reinante en el combate a la corrupción se ha basado en intentar detectar y judicializar los ilícitos una vez han sido cometidos. Algo que sin duda es importante, pero que no puede considerarse como una estrategia efectiva e integral. Una vez se ha hecho un mal uso de los recursos públicos la recuperación de estos es una tarea que casi siempre resulta infructuosa aunque se condene a los implicados. Causando en la sociedad en general una pérdida de confianza en la administración pública, un empañamiento de la imagen de la política y en suma una erosión de la democracia. Es por ello por lo que, resulta importante “vacunarse” frente a ella y disminuir su incidencia. Esta inmunización se presenta en forma del concepto de Gobierno Abierto. En su acepción actual se lo puede definir como una voluntad de desarrollar una buena gobernanza aprovechando las nuevas tecnologías para transparentar y hacer más accesible la información; reconocer el derecho de los ciudadanos a acceder a ella; e involucrarnos en la gestión pública.

Una sociedad comprometida y participativa se apropia de los bienes y recursos públicos, los vigila, cuida y protege como propios. De esta forma, se disminuye la corrupción; ya que, quien cometa el ilícito sabe que no sólo se enfrentará a la justicia, sino también al escarmiento de la ciudadanía al haber incumplido su compromiso social de respetar lo que se considera como propiedad de todos. Esta corresponsabilidad sumada a una información pública transparente, completa y de fácil acceso, da las herramientas a los ciudadanos para vigilar lo que se está haciendo. A su vez, generando en los funcionarios públicos honestos un sentimiento de acompañamiento y gobernanza; y en los corruptos la sensación de que no están bajo el escrutinio exclusivo de los organismos gubernamentales competentes, sino que se enfrentan a los ojos vigilantes de todos y todas.

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