La Asamblea Nacional del Ecuador no hace nada, no trabaja, no vela por los intereses del pueblo ecuatoriano. Es cada vez más común escuchar de parte de la ciudadanía este tipo de comentarios. La desconfianza que se mantiene hacia esta institución se pierde porque no se ven los resultados.

A nivel de opinión pública se ha generado una definición única de la asamblea. Un salón gigante donde 137 personas elegidas de manera democrática -cuyo número se pretende aumentar en las próximas elecciones- que cuentan con diversas afiliaciones e ideologías se juntan a debatir el futuro del país, legislando cada quién a su conveniencia. Ese es el concepto más simple que manejamos los ecuatorianos cuando nos queremos referir a la misma. Sin embargo, ¿es acaso culpa de este organismo como tal o también es culpa de la desinformación que tienen los ciudadanos sobre el funcionamiento del mismo?

Por un lado, las restricciones y los procedimientos que se tienen que pasar para aprobar los proyectos presentados dificulta que estos proyectos vean la luz o que siquiera se planteen de forma objetiva. Tampoco ayuda que los asambleístas, personas en quienes los ecuatorianos confíamos democráticamente, se vean envueltos en escándalos ilegales, cobros de diezmos y la venta de cargos, la corrupción de votos que sabemos que existe y los tan famosos camisetazos. Son barreras válidas que empujan la distancia en la relación entre la ciudadanía y la Asamblea. Viéndolo así, es completamente lógico y justificado la existencia de esta difidencia, enojo y recelo. 

Sin embargo, y sin ánimos de jugar al abogado del diablo, creo que también hay que estar conscientes de que “legislar” no es tan sencillo como se plantea en las redes sociales. Se deben aplicar ciertas normas y analizar de manera rigurosa que las mismas garanticen su vigencia, proveyendo los instrumentos técnicos en forma clara y uniforme. Cuando hablamos de la Asamblea Nacional, siempre pensamos en el pleno, pero casi nunca se hace hincapié en las otras unidades que la conforman y que se encargan de brindar asesoría,  mantener en vigencia los proyectos ya aprobados, que se cumplan las leyes ya propuestas y asegurar que sean aplicables más allá del papel.

Las personas desconocen de estos procesos, y de los accesos que tienen como ciudadanos para garantizar la transparencia como el ser asambleísta por un día, visitas guiadas, los foros de consulta, entre otros mecanismos de participación ciudadana. Todos estos mecanismos fueron creados para garantizar una intervención transparente. Apuntar a un solo culpable por tal realidad es imposible. Es una responsabilidad compartida.

Se debe crear una relación entre legisladores y ciudadanos. Hay que mejorar esta comunicación, y fomentar el interés de los ecuatorianos e instruirse en los temas políticos. Es de conocimiento público que vivimos en una época de corrupción que afecta a todo el Ecuador y donde no existe la confianza en nuestras instituciones, y como ciudadanos se debe tener la obligación de intervenir en la cultura política, de buscar informarse de manera real, y no solo ver lo que se repostea en un post sin fuentes.

A los ecuatorianos, les pido que se animen a formar parte activa de la política, que tengan como obligación conocer cómo funcionan las instituciones que  tienen como obligación velar por ellos.

A los asambleístas y personas que pertenecen a este poder tan importante de nuestra República, solicito legislar desde, y para los ecuatorianos. Que empiecen una lucha para devolverle la confianza de esta institución al pueblo, porque fueron los ciudadanos, quienes les cedieron tal posición de poder, y es a nosotros, a quienes deben servir.

La desconfianza puede combatirse con información y participación.