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Militarización en Ecuador: ¿Una respuesta efectiva para la seguridad pública?

El debate en torno a la presencia de las Fuerzas Armadas en la sociedad civil se ha convertido en un tema recurrente en el último año por el nivel de criminalidad e inseguridad que ha mantenido el país a nivel nacional.  El Gobierno indica que el aumento de las muertes durante el 2022 y principios de este año se debe principalmente por la presencia de bandas delictivas que están involucradas en un control de mercado y territorio para el tráfico y microtráfico de drogas. Sin embargo, el Gobierno tomó la decisión de utilizar a los militares como apoyo a esta lucha contra la delincuencia; aún así, existe una creciente preocupación por la falta de claridad en cuanto a su papel en la sociedad y el impacto que esto puede tener en los derechos humanos de la población.

Ahora bien, es importante destacar que la presencia de las Fuerzas Armadas en la sociedad civil no es un fenómeno exclusivo de Ecuador. En otros países de la región, como México, Colombia o Brasil, también se ha recurrido a esta medida como respuesta a la inseguridad. Sin embargo, esto no significa que sea la solución ideal.En el caso de Ecuador, la presencia de los militares en las calles se ha convertido en una “necesidad” debido a la ola de delincuencia que ha azotado al país en los últimos años. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Gobierno en el año 2021, se estableció como objetivo reducir la tasa de mortalidad violenta a 10 por cada 100,000 habitantes para el año 2025,  aún así en lo que va del 2023 esta meta está comprometida por el nivel de violencia criminal que ha generado un clima de inseguridad en la población, y se vió en la presencia de los militares una forma de protección.

Sin embargo, esta medida ha generado una serie de inconvenientes y ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por la militarización de la seguridad pública en Ecuador y ha llamado la atención sobre la necesidad de garantizar el respeto de los derechos humanos en todas las operaciones de seguridad.

Incluso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido que la responsabilidad en el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana debe recaer en los cuerpos policiales civiles. De acuerdo con la Corte, el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública debe ser una medida excepcional y temporal, limitada a lo necesario, y sujeta a la supervisión de las autoridades civiles competentes. Por lo tanto, en caso de que sea necesario el personal militar debe ser instruido, capacitado y equipado adecuadamente para garantizar el respeto a los derechos humanos y cumplir con los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza. 

A pesar de esto, la sociedad ecuatoriana parece apoyar en gran medida la presencia de los militares en las calles como medida de seguridad. Sin embargo, esto refleja una visión limitada de los problemas estructurales que generan la delincuencia en el país. La falta de oportunidades, la pobreza, la corrupción y la impunidad son algunos de los factores que contribuyen a la inseguridad y que deben abordarse de forma integral y no limitarse únicamente a medidas de carácter militar.

Es necesario, por tanto, reflexionar sobre la verdadera efectividad de esta medida y buscar soluciones sostenibles para abordar el problema de la delincuencia en el país. Esto implica un compromiso por parte de las autoridades para abordar las causas estructurales del problema y garantizar el respeto de los derechos humanos en todas las operaciones de seguridad.

Licenciada en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

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