Cada 25 de noviembre, el mundo se detiene a reflexionar sobre un problema que, lamentablemente, no termina: la violencia contra las mujeres. Esta fecha, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999 como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, busca visibilizar la realidad de millones de mujeres que enfrentan distintas formas de abuso, desde el psicológico y económico hasta el físico y sexual. Sin embargo, ¿qué pasa después del 25N?

El 25N es un día de reflexión, marchas, actividades y debates en torno a los derechos de las mujeres. Según ONU Mujeres, una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida, y cada 10 minutos una mujer es asesinada. Por otro lado, en algunos países de América Latina, donde los índices de feminicidio son alarmantes, el problema se agrava: en 2023, al menos 3.897 mujeres fueron víctimas de femicidio o feminicidio, según datos reportados por CEPAL y el Observatorio de Igualdad de Género para América Latina y el Caribe, representando una realidad desgarradora para miles de familias.

Sin embargo, una vez que el 26 de noviembre llega, el ímpetu de la lucha parece desvanecerse por aquellos que no llevan esta lucha o son activistas por esta causa. Las acciones necesarias para combatir la violencia contra las mujeres no pueden limitarse a un solo día de conmemoración. Es crucial cuestionar cómo podemos mantener esta causa en el centro de nuestras prioridades como sociedad, estado y gobierno; incluso fortalecer a aquellas personas u organizaciones que trabajan por esta causa.

En América Latina, los feminicidios son una epidemia. Solo en Ecuador, hasta el 15 de noviembre de 2024, se registraron más de 214 muertes violentas por razones de género, según Fundación Aldeas, pero lo que no vemos es que, detrás de estas cifras hay historias truncadas, sueños apagados y familias destrozadas. Más allá de los números, está el sufrimiento cotidiano de mujeres que enfrentan acoso, abuso y discriminación en espacios públicos, laborales e incluso en sus hogares.

La falta de políticas públicas efectivas agrava el problema. Aunque muchos países han promulgado leyes para prevenir y sancionar la violencia de género, su implementación es débil. En Ecuador, por ejemplo, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, aprobada en 2018, sigue enfrentando desafíos presupuestarios y operativos que limitan su alcance. Sin recursos suficientes ni voluntad política clara, estas leyes terminan como declaraciones de intenciones.

En muchos casos, el activismo es atacado o estigmatizado. Movimientos que alzan la voz para exigir justicia y derechos básicos son etiquetados como radicales o disruptivos. Este rechazo no solo ignora la gravedad de las causas que defienden, sino que también silencia a quienes trabajan por construir una sociedad más equitativa.

El activismo no debería ser visto como una amenaza, sino como una oportunidad de transformación social. Las organizaciones de base, las defensoras de derechos humanos y las iniciativas ciudadanas han logrado avances significativos en la visibilización de problemáticas estructurales, pero necesitan el apoyo continuo de la sociedad y el gobierno.

El problema de la violencia contra las mujeres no puede ser abordado únicamente durante un día. Es importante que cada persona, institución y gobierno asuma un compromiso constante para enfrentar esta realidad. Las campañas de sensibilización deben ser permanentes, no temporales. Las escuelas, por ejemplo, juegan un rol fundamental en la educación de nuevas generaciones libres de violencia y discriminación, fomentando valores de igualdad y respeto desde temprana edad.

Asimismo, los gobiernos deben garantizar la aplicación de políticas públicas que no solo castiguen la violencia, sino que la prevengan. La visibilización es solo el primer paso, el verdadero reto está en transformar en acciones concretas que impulsen cambios estructurales. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de actuar todos los días para erradicar la violencia de género. Esto implica cuestionar nuestros prejuicios, denunciar las injusticias y apoyar a quienes trabajan en esta causa.

A nivel internacional, es fundamental fortalecer la cooperación entre países para compartir buenas prácticas y desarrollar estrategias globales. El combate a la violencia contra las mujeres es un esfuerzo colectivo que trasciende fronteras.

En palabras de la activista y escritora Audre Lorde: “No somos libres mientras alguna mujer no lo sea, incluso cuando las cadenas de una mujer sean muy diferentes a las nuestras”. Este llamado a la solidaridad debe guiarnos más allá del 25N, recordándonos que la lucha por la justicia y la igualdad es diaria, no ocasional.

Después del 25N, queda el desafío de mantener viva la conversación, de seguir luchando por un mundo donde ninguna mujer tema por su vida o su integridad. No podemos permitir que esta causa sea relegada al olvido hasta el próximo noviembre. Cada día cuenta, cada acción suma, y cada voz que se alza tiene el poder de generar un cambio.

El 25 de noviembre es solo un recordatorio. Lo que importa es lo que hacemos después.